Extracto del artículo de Carlos Botassi (investigador de la Universidad Nacional de La Plata) "El derecho ambiental en Argentina"

AMBIENTE Y DERECHO AMBIENTAL

Si el objeto de estudio del Derecho Ambiental es el “ambiente” resulta insoslayable intentar su definición. En rigor cabe reconocer que se han ensayado tantos conceptos de “ambiente” como autores se han ocupado del asunto, su mera enunciación excedería el espacio del que disponemos. Diremos sí que la doctrina argentina ha vinculado la palabra “ambiente” con realidades bien disímiles como son la naturaleza y los recursos que provee, el medio urbano, la biodiversidad y el clima. En Italia la palabra ambiente fue definida por primera vez en términos jurídicos por Massimo Severo Giannini en su trabajo “Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti Giuridici, publicado en el año 1973 en la Rivista trimestrale di diritto pubblico: 1) ambiente relacionado con el paisaje (aqui el Derecho Ambiental tendría una finalidad conservacionista); 2) ambiente vinculado con la defensa del suelo, el aire y el agua (la legislación establece un sistema de control sobre las actividades que pueden dañarlos); 3) ambiente considerado en las normas y estudios de urbanismo (destinados a impulsar una actividad administrativa de planificación del uso del territorio). 

Ni la Constitución Nacional Argentina ni las leyes federales que más adelante comentaremos contienen una definición del vocablo “ambiente”. Sí la posee la Ley Marco-Ambiental nº 11.723 (1995) de la Provincia de Buenos Aires, al describirlo como un “sistema constituido por factores naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y condicionados por éste”. (Anexo I, “Glosario”, palabras “ambiente”, “medio”, “entorno” y “medio ambiente”que dicha Ley emplea como sinónimos).

En la década del ’80 el Consejo Federal de Inversiones de la Nación consideró que los recursos naturales necesarios para atender las necesidades vitales del hombre eran los siguientes:

1.º El suelo, es decir la capa de humus que recubre la corteza terrestre;

2.º Los yacimientos minerales sólidos, líquidos y gaseosos, entre los que se destacan los hidrocarburos;

3.º Los recursos hidráulicos, es decir las aguas en sus diversos estados: superficiales, subterráneas, nubes, lluvia, nieve;

4.º Flora silvestre;

5.º Fauna silvestre;

6.º El espacio aéreo;

7.º Lugares panorámicos o escénicos, que sirven para recreación y turismo;

8.º Energía, que puede ser hidráulica, eólica, mareomotriz, térmica y nuclear.

Como se ve estos “recursos naturales” no se diferencian de los bienes que tutela el Derecho Ambiental. Sin embargo, mientras el Derecho de los Recursos Naturales profundiza los aspectos económicos, amparando a aquellos bienes debido a en que son considerados útiles para satisfacer necesidades colectivas vinculadas con la propiedad y las transacciones comerciales, el Derecho Ambiental atiende a su preservación en el marco de un desarrollo sostenible (también denominado “ecodesarrollo”), entendido como la capacidad de extraer de la naturaleza lo necesario para mejorar la calidad de vida de la actual población sin depredar el entorno inutilizándolo para las generaciones futuras. Este último enfoque constituye la respuesta a un reclamo ético: postergar el empleo puramente utilitarista de las riquezas de la Tierra y propiciar el uso racional de los recursos, para obtener su goce intergeneracional en términos de calidad de vida. De manera que no existe diferencia ontológica entre los recursos naturales y los recursos ambientales, se trata siempre de los mismos elementos. Varía, en cambio, el criterio axiológico ya que ahora esos recursos ya no son exclusivamente considerados con fines de apropiación o económicos sino que aparecen valorados en forma holística, como bienes de uso y disfrute, desde una óptica más o menos novedosa, “ecocéntrica” o “biocéntrica”.

Como ha ocurrido en el resto del Mundo el surgimiento del Derecho Ambiental argentino resultó coincidente, y naturalmente influenciado, por los resultados de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Las cuestiones ambientales cuya protección constituía “un deseo urgente de los pueblos y un deber de los gobiernos”, según se declaró entonces, no son otras que aquellas que tres décadas más tarde continúan afligiéndonos: concentración de la población urbana, con su secuela de ruidos enfermantes e insuficiencia de viviendas y servicios esenciales;desertificación y tala de bosques; contaminación del suelo, del aire y del agua; residuos domiciliarios, industriales y peligrosos; extinción de especies vegetales y animales; deterioro del paisaje; pérdida de patrimonio histórico y cultural; etc. Un cambio significativo producido desde entonces – como ya se ha dicho – ha sido el terminológico: los “recursos naturales” han devenido en “recursos ambientales” sumando a la enumeración primigenia de hondo contenido economicista las cuestiones del clima, la biodiversidad y la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de profundo sentido humanista.

En la República Argentina la pésima distribución de la riqueza entre los habitantes se refleja en los asentamientos urbanos, haciendo que compartan el territorio nacional imponentes áreas de riqueza (como los “countrys” y los barrios cerrados) junto a oprobiosas muestras de pobreza (villas de emergencia y asentamientos precarios de todo tipo). Esa misma disparidad socioeconómica impacta en el ambiente haciendo que – según la región – se presenten tanto los males que aquejan a los países desarrollados (contaminación industrial, elevado nivel de ruidos, desechos no biodegradables) como los padecimientos que soportan los estados subdesarrollados (viviendas y transportes inadecuados, pésima atención de la salud pública, ausencia o mala prestación de servicios esenciales como desagües cloacales y provisión de agua potable).

Existen numerosas definiciones doctrinarias del Derecho Ambiental. En general todas participan de notas comunes en tanto lo consideran un conjunto de principios y normas destinados a la protección y uso racional del medio ambiente, incluyendo la prevención de daños y el objetivo de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, cuya finalidad es resguardar los intereses sobre bienes de uso y goce colectivos. Sus antecedentes inmediatos se relacionan con el Derecho de los Recursos Naturales, con el Derecho Agrario y con el Derecho de Minería y Energía.

En cuanto a su naturaleza algunos autores entienden que estamos frente a una verdadera “rama” del Derecho y otros, en cambio, opinan que el Derecho Ambiental constituye una “especialización” jurídica que atraviesa transversalmente a las ramas clásicas (Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, etc.). Existe coincidencia en señalar que constituye un sector de la ciencia jurídica “que estudia los recursos naturales, la economía, el ambiente y el obrar humanos, considerados como estrechamente vinculados, interdependientes y ordenados de acuerdo a las leyes de la naturaleza, los procesos económicos y las demandas sociales, con una concepción holística, sistémica y transdisciplinaria, con el objeto de reglar las conductas y actividades individuales y colectivas de la comunidad, para la preservación, conservación, racionalidad, protección, explotación, industrialización, impulso y aprovechamiento sustentable de los mismos, así como para el mejoramiento de la calidad de vida del planeta”.

Asimismo se destaca que el Derecho Ambiental se encuentra en un proceso de plena formación y también se reconoce que su desarrollo interesa tanto a las relaciones de Derecho Privado (individual) como a las comprendidas en el Derecho Público (colectivo), por ello cuando se enuncian sus fuentes se comprenden tanto a las Constituciones Nacional y provinciales como a los Códigos de Fondo y a las normativas específicas de cada recurso ambiental en particular (suelo, aire, agua, energía, bosques, bienes culturales, paisajes, etc.).

Con algunas variantes terminológicas que no llegan a incidir en los significados se enuncian como caracteres propios del Derecho Ambiental los siguientes: interdisciplinario; sistemático; supranacional; énfasis preventivo; rigurosa regulación científica; primacía de intereses colectivos; participación pública; coordinación de actuaciones; abordaje interdisciplinario.

 

Artículo completo: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27224.pdf

Fecha: 27/5/2021 | Creado por: Fernando
Categoria: Primer Trimestre